El Poder Judicial de Honduras suscribió un nuevo Convenio de Cooperación Técnica en el marco del Proyecto “Fortalecimiento del Estado de Derecho en América Central y el Caribe (FEDAC III)”, impulsado por la Agencia Alemana para la Cooperación al Desarrollo (GIZ).
El acto protocolario fue presidido por la Magistrada Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Abogada Rebeca Lizette Ráquel Obando, y contó con la participación del Director del Proyecto FEDAC III, señor Andreas Forer; el Encargado de Negocios de la Embajada de Alemania en Honduras, señor Ignacio Villar Rodhe, en representación de la Embajadora Daniela Vogel; así como Magistradas, Magistrados de la Corte Suprema y directores de distintas dependencias del Poder Judicial.
Durante su intervención, el señor Andreas Forer destacó que, “la política de justicia abierta ha sido un paso decisivo para acercar el sistema judicial a la ciudadanía, lo cual se ha traducido en acciones concretas como la capacitación de jueces y juezas en enfoques diferenciales y la promoción de intercambios regionales para mejorar la impartición de justicia”.
Por su parte, el señor Ignacio Villar Rodhe expresó, “la cooperación ha sido posible gracias al terreno fértil encontrado en las instituciones nacionales. El Estado de Derecho es un pilar fundamental para garantizar la libertad, la seguridad y la prosperidad del pueblo hondureño”.
En su mensaje de cierre, la Magistrada Presidenta Rebeca Lizette Ráquel Obando reafirmó el compromiso institucional con el fortalecimiento del Estado de Derecho, “con la firma de este convenio, reafirmamos el compromiso del Poder Judicial de impulsar acciones oportunas y sostenidas, encaminadas a consolidar un Estado de Derecho sólido y confiable. El respaldo de países amigos, como Alemania, demuestra que la lucha por la justicia es una causa universal, y que solo mediante alianzas estratégicas podremos fortalecer nuestras instituciones”.
Asimismo, la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia subrayó que la implementación del Proyecto FEDAC III permitirá avanzar en procesos orientados a garantizar el acceso a la justicia para poblaciones en situación de vulnerabilidad, en particular víctimas de violencia sexual, pueblos indígenas y familiares de personas migrantes desaparecidas, mediante la incorporación de enfoques diferenciados e interseccionales en el quehacer judicial.
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