La iniciativa busca sumar más naciones al sitio web www.maparegional.gob.ar a fin de compartir información sobre políticas públicas en acceso a justicia. El proyecto es liderado por la Corte Suprema de Justicia argentina y, hasta el momento, participan las Cortes Supremas de Justicia y los Ministerios de Justicia de Costa Rica, Brasil, Chile, Honduras, Paraguay, Perú y Uruguay. Los interesados pueden comunicarse a acccesoajusticia@csjn.gov.ar
La Comisión Nacional de Acceso a Justicia (CNAJ) a cargo de la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, Elena Highton de Nolasco, comenzó el proceso de inclusión de nuevos países al Mapa Latinoamericano de Resolución Alternativa de Disputas.
El proyecto cuenta con el apoyo del Programa para la Cohesión Social en América Latina (Eurosocial) y la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB).
La ministra Highton explicó que la decisión fue motivada por el interés que despertó el Mapa Latinoamericano: “Nuestra intención, en esta nueva etapa, es invitar al resto de los tribunales y ministerios de la región a integrarse al proyecto”, dijo.
Las instituciones gubernamentales interesadas en participar del proyecto pueden dirigirse al correo de la CNAJ: accesoajusticia@csjn.gov.ar.
Antecedentes de proyecto
En abril de 2013, los representantes de las Cortes Supremas de Justicia y los Ministerios de Justicia de Argentina, Costa Rica, Brasil, Chile, Honduras, Paraguay, Perú y Uruguay acordaron participar en la realización del mencionado instrumento, un exhaustivo relevamiento de los métodos alternativos de solución de conflictos en la región.
El proyecto fue liderado por la Corte Suprema argentina, con la asistencia del Programa para la Cohesión Social en América Latina (Eurosocial) y la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB).
El resultado del trabajo se encuentra disponible en la web (www.maparegional.gob.ar) desde abril de 2014. El Mapa Latinoamericano de Resolución Alternativa de Disputas posibilitó difundir y compartir información sobre la implementación y desarrollo de vías alternativas de acceso a justicia en la región. Cada país cuenta con una clave de usuario y contraseña a fin de subir la información que considera pertinente.
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